El abogado de Armando Benedetti pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber sido implicado en el escándalo de corrupción en el cartel de la toga.
Parece que la CIDH se esta convirtiendo en el escampadero de los políticos colombianos para evadir sus responsabilidades en Colombia y evitar investigaciones, ¿Por qué esta pasando esto?, todo empezó cuando el Procurador quiso inhabilitar al entonces Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por querer cambiar el sistema de la recolección de basuras y otros cuentos más, entonces la CIDH le dio inmediatamente la razón a Petro -parecería que estuvieran muy pendientes de la política colombiana y le concedió en tiempo récord las medidas cautelares y evitar su inhabilidad-.
Pero no todos corren con la misma suerte, el pasado mes de septiembre, otro político colombiano pidió medidas cautelares ante la CIDH, se trata de Musa Besaile quien se vio involucrado en el “Cartel de la Toga”, un cartel integrado por altos magistrados los cuales pedían dinero para no investigar a Senadores y Representantes a la cámara, sin embargo, al parecer la CIDH no se a pronunciado sobre estas medidas a pesar de ya haber pasado mas de dos meses.
El abogado Víctor Mosquera Marín confirmó que radicará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para que ese organismo internacional le conceda medidas cautelares al senador Armando Benedetti, “por los actos de hostigamiento, desprestigio y condenas informales de los cuales el senador es víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación". A través de un comunicado, Mosquera aseguró que esas acciones contra Benedetti se habían emprendido a raíz de sus divulgaciones "en relación con el financiamiento de la campaña 'Santos presidente', la empresa brasilera Odebrecht y el actual fiscal general de la Nación”.
Hace unas semanas la fiscalía de Colombia, pedio a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Armando Benedetti, y sus homólogos Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella, por presuntamente favorecer a Odebrecht en el contrato de estabilidad jurídica en 2012. Los congresistas, al parecer, hacían parte del grupo denominado por parte de los brasileros como los bulldócer.
